Las tierras tradicionales de la comunidad indígena Shipibo-Conibo de Santa Clara de Uchunya en la Amazonía peruana se extienden en un área mayor de 85 000 hectáreas. Históricamente, estas tierras han brindado a la comunidad abundante caza y pesca, medicinas, materiales de construcción y agua limpia.
“Nosotros íbamos a nuestras tierras para comer paiche y todo tipo de pescado del lago. Mi padre cazaba allí, mis abuelos cazaban allí. Caminábamos libremente en nuestras tierras…”.
Luisa Mori González, Presidenta del Club de Madres y lideresa comunitaria
Sin embargo, únicamente 218 hectáreas han sido oficialmente tituladas. Desde 2012 la empresa de aceite de palma Plantaciones de Pucallpa S.A.C (en la actualidad Ocho Sur P SAC) ha adquirido de manera ilegal y deforestado cerca de 7000 hectáreas de tierras sin titular para convertirlas en plantaciones de palma aceitera. El impacto ambiental ha sido masivo, con la pérdida de tierras y animales y con la contaminación proveniente de la fumigación con productos agroquímicos. También ha traído violencia, con la presencia de grupos armados de traficantes de tierras talando los bosques, generando amenazas de muerte e intimidación para aquellos que protestan. Al mismo tiempo, este continuo despojo está corroyendo fundamentalmente el modo de vida de la comunidad y su capacidad para sobrevivir en sus tierras.
A pesar de las amenazas, la comunidad ha hecho múltiples esfuerzos para hacer que la empresa rinda cuentas. Plantaciones de Pucallpa era un miembro de la RSPO. En 2015 la comunidad presentó una queja formal ante el Panel de Quejas de la RSPO que condujo a la expedición de una orden de “detener el trabajo”. La comunidad apeló además a los financiadores europeos de la empresa, el Mercado de Inversión Alternativa de la Bolsa de Valores de Londres, y ante varios mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y regionales. Además, la comunidad puso en marcha un caso penal en el Perú, que ha dado lugar a una investigación de alto nivel dirigida por el Fiscal Especial para el Crimen Organizado.
Protesta contra el aceite de palma. Cortesía de: FECONAU
Autora/Autor
- Forest Peoples Programme
Ecosistemas
- Bosques tropicales
Temas
- Incentivos y financiación
- Derechos y tenencia de la tierra
Tipo
- Forma corta
Fecha
- Este estudio de caso forma parte de LBO-2, publicado originalmente en 2020.
En septiembre de 2019, líderes de la comunidad de Santa Clara de Uchunya y FECONAU, con el apoyo legal de IDL presentaron su lucha por los derechos territoriales ante el tribunal más alto de Perú, el Tribunal Constitucional. Cortesía de: FECONAU
Sin embargo, las operaciones de la empresa continúan a pesar de la orden de “detener el trabajo” de la RSPO, de las órdenes de suspensión provenientes del Ministerio de Agricultura y de los tribunales peruanos y de la condena generalizada del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Bosques del Perú. Existe un incumplimiento generalizado y la empresa ha evitado suspender el trabajo y las elevadas multas aplicadas vendiendo sus activos a nuevas empresas que ha creado, y retirándose de la RSPO y la Bolsa de Valores de Londres.
La comunidad presentó una demanda de amparo constitucional innovadora contra el Gobierno del Perú por son haber procesado su reclamo de titulación de tierras, lo que facilitó el acaparamiento de tierras por parte de la empresa. El caso fue escuchado por el Tribunal Constitucional en septiembre de 2019, pero su sentencia seguía pendiente al momento de redactar este informe.
En diciembre de 2019, la comunidad consiguió una gran victoria cuando el fondo soberano más grande del mundo, el fondo de pensiones del gobierno de Noruega, decidió desinvertir en Alicorp, una empresa de bienes de consumo que, según demostraron las investigaciones, estaba comprando aceite de palma derivado de la plantación de Ocho Sur.
